El juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional ha decidido finalmente no bloquear Telegram en España. Esta decisión se produce tras la polémica suscitada por la orden de bloqueo cautelar dictada el pasado 23 de marzo a petición de Mediaset, Atresmedia y Movistar, que alegaban la vulneración de sus derechos de propiedad intelectual por la difusión de enlaces a sus contenidos pirateados en algunos canales de la plataforma.
En su auto, el juez reconoce que la medida de bloqueo era “excesiva y no proporcional” y que podía afectar a “un número indeterminado de usuarios que utilizan la aplicación para fines legítimos”, como la comunicación personal o profesional. Además, Pedraz destaca que Telegram ha mostrado una “mayor diligencia” en la eliminación de los contenidos denunciados por las empresas demandantes.
Esta decisión es una victoria para la libertad de expresión y el derecho a la información en España. El bloqueo de Telegram habría supuesto un grave precedente, ya que habría convertido a España en uno de los pocos países del mundo con la plataforma restringida.
A continuación, se resume la cronología de los acontecimientos:
- 23 de marzo: El juez Pedraz ordena el bloqueo cautelar de Telegram en España.
- 24 de marzo: Numerosas críticas por parte de expertos en derechos digitales y usuarios de la plataforma.
- 25 de marzo: La Audiencia Nacional suspende cautelarmente el bloqueo de Telegram.
- 28 de marzo: El juez Pedraz levanta definitivamente el bloqueo de Telegram.
Es importante destacar que esta decisión no significa que Telegram sea inmune a la ley española. La plataforma sigue estando obligada a cumplir con la legislación vigente, incluida la Ley de Propiedad Intelectual. Sin embargo, el juez Pedraz ha considerado que el bloqueo no era la medida adecuada para garantizar el cumplimiento de la ley.
En definitiva, la decisión del juez Pedraz es una buena noticia para la libertad de expresión y el derecho a la información en España. Es importante que las autoridades españolas encuentren un equilibrio entre la protección de los derechos de propiedad intelectual y la defensa de las libertades fundamentales.